Blog de Nacho Rivas

Por si le sirve a alguien

Mercantilizar la universidad: los contratos programa a la palestra

¿Qué cabe pensar de que una institución pública como la universidad, firme un contrato con la Administración Pública (en este caso la Junta de Andalucía) para que parte de su financiación se corresponda con la consecución de un cierto programa de acción? ¿Y que luego esta universidad firme un contrato similar con cada uno de los departamentos de la misma, en la que estos se comprometen a alcanzar ciertos objetivos de un listado establecido?

La función pública se ha caracterizado siempre por cumplir con un fin social, la de poner al servicio de la sociedad los medios para que la ciudadanía pueda cumplir con sus legítimas aspiraciones de progreso y cubrir sus necesidades básicas en igualdad de derechos y responsabilidades. Lo que importa, por tanto, es crear unas condiciones universales que permitan el acceso de todas y todos a estos servicios públicos, sin más restricciones que las de emanadas del ejercicio de dicho derecho y las responsabilidad que conlleva. El criterio para medir y evaluar el éxito de este propósito no puede ser otro que el de rentabilidad social; esto es, que realmente se garantice este derecho en igualdad de condiciones y que represente un avance significativo para todo el colectivo social. Nunca puede pensarse en términos de una minoría, mucho menos de una minoría “excelente”, a costa de los “no excelentes”; tampoco en términos de criterios excluyentes por criterios económicos. Por supuesto, tampoco es posible pensarlo en términos de rentabilidad económica o de eficacia en la relación coste-beneficio.50219_usura_4_big

Bien es verdad que también hay manejar el principio de responsabilidad social y, por tanto, estar sujeto al escrutinio público (llameselé si se quiere “rendición de cuentas”) que de fe de que  se está garantizando el ejercicio de este derecho de acuerdo a los principios de universalidad, equidad  y mérito. La función pública debe funcionar (y en la misma medida se le debe exigir) un principio moral ineludible e imprescindible con el que valorar su ejercicio. Eso significa establecer procedimientos democráticos, públicos y rigurosos para hacer viable este escrutinio público. Los universitarios, en cuanto depositarios del conocimiento científico como bien común, debemos ser los primeros en estar sometidos a esta lógica.

Este preámbulo viene a cuento de la aprobación, la semana pasada, en reunión de departamento, del contrato programa con el que esperamos conseguir completar el 30 % del presupuesto. De acuerdo a este contrato, alcanzaremos el 100% del presupuesto si somos capaces, esencialmente, de cumplir adecuadamente con nuestro trabajo. Eso sí, medido en términos cuantitativos y exclusivamente formales, materializados en el cumplimiento de ciertos indicadores establecidos, unilateralmente, por la jerarquía burocrática correspondiente; llamesé esta Rectorado, o Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es curioso hablar de un contrato en el que los términos del mismo vienen ya definidos y son de obligado acatamiento. No hay ningún principio de deliberación, debate o negociación acerca de los mismos. Sólo es posible seleccionar del listado establecido, aquellos (el 50%) que consideramos viable cumplir. De nuevo, como tantas veces en el estado gerencialista – burocrático en el que funcionamos, todo se resuelve en el mero cumplimiento de criterios establecidos sin importar cual sea el contenido que se esconde tras dicho cumplimiento. Por ejemplo, importa más en que revista publiques, que el contenido de lo publicado, que ni siquiera es tenido en cuenta, al igual que las razones por los que esta revista se considera de calidad frente a otras, como bien sabemos todo el profesorado universitario. Igual que sabemos cuales son las perversiones inherentes a estos procedimientos, en las que ahora no voy a entrar.

usureroInsisto en que de los 20 indicadores planteados la mayoría lo único que plantean es que el personal de las universidades cumpla con su trabajo. Esto es, se nos completa el presupuesto si cumplimos con el trabajo que se nos ha encomendado, aunque este es planteado en términos de objetivos a conseguir, y no como aspectos vinculados al propio ejercicio profesional. Así, los objetivos se plantean en su mayoría, en términos de “incrementar” los porcentajes de éxito en la consecución de este objetivo en relación al año anterior. Se supone que hasta alcanzar un standard por el cual se considera suficientemente logrado; en caso contrario estaríamos en una absurda espiral hasta el infinito que haría inviable, a partir de un punto, conseguir ningún incremento significativo. No es difícil encontrar el paralelismo, por un lado, con el pago por rendimiento, con el que se rigen en muchas empresas, o, en su versión más salvaje, con el trabajo a destajo, bastante cercano a la esclavitud.

Por otro lado, la definición de estos objetivos viene establecida por lo que se denominan “líneas estrategias” de la institución, definidas, de nuevo, unilateralmente por las jerarquías administrativas -¿políticas? Por ejemplo, el uso de las TIC o la enseñanza bilingüe. Como suele pasar cuando se establecen criterios exclusivamente cuantitativos y formales para medir el cumplimiento lo que se desarrolla son prácticas de hipocresía institucional o de engaño instituido. Por ejemplo, si uno de los indicadores es “mejorar la tasa de rendimiento del año anterior” el éxito no pasa tanto por mejorar las prácticas profesionales o los procedimientos didácticos o educativos, sino en establecer umbrales más bajos para conseguir el aprobado. O bien, siguiendo tácticas conocidas en otros niveles del sistema educativo, “dejando fuera” a los sujetos que pueden hacer que la media baje. Lo mismo cabe decir de otros indicadores en los que es preferible no contar toda la verdad para que esta aflore paulatinamente en años sucesivos, que establecer umbrales demasiado elevados que no permitan materializar el “incremento”.

Sin duda esto supone generar una dinámica mercantilizada del trabajo docente, en el que el coste del trabajo viene establecida no por su valor intrínseco o su responsabilidad social, sino por la consecución de ciertas metas consideradas como medida de la eficacia del sistema. Esto obliga a establecer ciertos límites en las tareas, así como cierta selección del alumnado que no lleve a una bajada de los índices. Hay que eliminar aquello que no entra dentro de la medición del éxito en el indicador, estableciendo un control sobre el trabajo docente desde un diseño previo impuesto. En ningún momento se ha producido un debate público sobre el sentido de la institución, del conocimiento que se produce, del tipo de enseñanzas que se propician, etc. Todo esto viene definido en estos indicadores, así como en las plantillas de evaluación de nuestra actividad docente, en los criterios para valorar los resultados de nuestro trabajo, etc. etc. El sentido de lo público es sustituida por la eficacia medida en términos de rentabilidad meramente cuantitativa y acumulativa, propia de un modelo capitalista de sociedad.oferta-monetaria-1-thumb

El acceso a la educación universitaria es parte del derecho universal a la educación y debería representar la garantía de un progreso colectivo, entendido, en primer lugar, como la contribución necesaria a la construcción de una sociedad más justa, más libre y más solidaria. El mayor éxito de la moral neoliberal en las instituciones públicas, especialmente en las universitarias, no es que corran el riesgo de ser privatizadas, sino que estas actúen de acuerdo a los principios de gestión privada. Esto es lo que les garantiza la pérdida del servicio universal de las instituciones públicas y su entrada en los criterios de mercado. Bajo mi punta vista estos son dos polos incompatibles de funcionamiento de las instituciones. O estamos preocupados por la relación coste – beneficio (su rentabilidad económica) o estamos preocupados por el modo como construye sociedad civil y eleva el umbral crítico y cultural de la colectividad, como forma de materializar el bien común. Esa es la apuesta. De momento la está ganando el mercantilismo. Pero no está dicha la última palabra.

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