Blog de Nacho Rivas

Por si le sirve a alguien

¿Qué fue de la educación? Comunidad educativa y políticos

Debo confesar que me abruma un hondo pesimismo con el sistema educativo actual, especialmente desde la acción de los responsables políticos. Cada día prácticamente, hay noticias o acontecimientos nuevos que me incrementan este sentimiento y me dejan una sensación, que si no fuera por el contexto filo-académico en el que quiero que se mueva este blog, calificaría de “mala leche”. La educación se está convirtiendo a pasos agigantados en una mera cuestión administrativa, para la que basta aplicar ciertas reglas y procedimientos en torno a unos materiales establecidos, en un entorno de aislamiento, preferiblemente aséptico. Esto vale para la mayoría de las instancias del sistema, desde la vida interna de los centros, en un alto número, pasando por la gestión de las instancias intermedias dependientes de las delegaciones, como es el caso de la inspección, y terminando con los responsables políticos tanto en los niveles autonómicos como estatales. Desde el sentimiento que acabo de describir y el profundo malestar que me produce, tengo la sensación de que en algún punto se ha perdido la educación y nos hemos quedado solo con el sistema.

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La última gota (quizás sea mejor decir una de las últimas) tiene que ver con la situación que estamos viviendo en Andalucía en relación al practicum de los estudiantes de Primaria en centros educativos públicos. Sí es cierto que la consejería de educación, y su consejero en persona, plantean una defensa de la escuela pública frente a los avances neoliberales y privatizadores de la LOMCE, parere que no están escogiendo las mejores vías. Es relevante que el decano de la facultad de Educación de la Universidad de Málaga, en la que trabajo, se haya visto en la obligación de publicar un comunicado de queja en relación a la actitud de los responsables de la consejería y de la delegación en este tema.

Básicamente, el problema consiste en que el convenio por el que se permite que el alumnado de los grados de educación hagan sus prácticas en centros educativos públicos, ha sido denunciado y no hay nada que lo sustituya, quedando suspendido y prohibida la entrada del alumnado de las facultades de educación a dichos centros. De hecho, desde hace ya un tiempo la entrada en los colegios por parte de investigadores o alumnado en actividades no vinculadas con el prácticum (voluntariado, programas especiales, prácticas de asignaturas, observación, etc.) estaba viéndose seriamente obstaculizada cuando no directamente prohibida.

2014-09-27 12.08.00Mi primera reflexión es que un sistema educativo público no puede ni debe ser patrimonio de nadie, sean estos políticos o cualquier otro cargo o representación. Desde todas las instancias internacionales e investigadoras se aboga por la comunidad educativa como modelo para garantizar un sistema educativo de calidad y socialmente responsable. Algo que parecen negar, con sus prácticas, los que toman decisiones de este tipo y los que las secundan entusiásticamente. La comunidad, al igual que la educación, se han perdido en este camino. Debo decir que entiendo por comunidad, en este caso, el conjunto de la ciudadanía que, de un modo u otro, está implicado en el sistema educativo. Lo cual es mucho más que un grupo de dirigentes con intereses más partidarios que educativos.

Desde este planteamiento creo que es necesario entender que el Sistema Educativos empieza en los propios estudiantes de los grados de maestro. Esto es, la facultad de educación, los centros de formación del profesorado, son tan sistema educativo como lo son la red de colegios públicos y las instituciones que tienen responsabilidades en esta materia. Si los centros educativos y las  facultades de educación no se sienten parte de un mismo sistema, este ya nace cercenado de forma importante. En este ámbito no existe el campo de lo “profesional” por un lado, y el de la “formación” por otro. Los docentes empiezan a formarse desde que pisan un centro escolar con 3 años y no dejan de hacerlo hasta que se jubilan. Por poner algún límite dentro de lo propiamente institucional.

Por otro lado, si centros educativos y universidad viven de espaldas estamos abocando a la educación a un callejón sin salida. Innovación, formación e investigación se nutren mutuamente, de tal forma que el sistema solo puede progresar si se sostiene desde estas tres patas. La política que conduce al aislamiento de cada de una de ellas, además de miope e inútil, termina por convertirse en lo que actualmente es: un cúmulo de regulaciones sin sentido, con el único propósito de mantener el control y la gestión dentro de los límites de la manejable desde el poder. En definitiva, se convierte en un sistema de gestión al servicio de la administración de turno, por supuesto siempre partidista. Esta perspectiva justamente es la opuesta a lo educativo, que se caracteriza por la creacción, la flexibilidad, la contextualización, la autonomía y la democracia. Nuestros dirigentes, en todos los niveles del sistema, deberían aprender que gestión no es igual a educación; que regular, no es igual a formar; que prohibir no es lo mismo que garantizar derechos.

Deberíamos de empezar a pensar más en lo que significa el derecho a la educación, que no es “enderezar” la educación, sino dar opciones a todas y todos para ejercer su ciudadanía en libertad e igualdad. Garantizar el derecho a la educación es pensar en las niños y en los niños y en su derecho a sentir, pensar y actuar en libertad como medio para su participación en el mundo actual. Derecho a la educación no es aplicar la ley, sino permitir que los niños y niñas comprendan el mundo en el que están y sean capaces de actuar en él para mejorarlo. AjDjb2Eic4hki2njCJ-mJ_Ab_Ys3k8ByMbrotJIMyudm

El problema no es la LOMCE. O al menos no solo la LOMCE. Cuando la consejería de educación de Andalucía, que pretende ser la alternativa a esta ley, actúa en el sentido de lo que estamos diciendo, está garantizando su éxito, más que su derogación. Resulta paradógico que el consejero alegue a la necesidad de participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros, como forma de oposición a la LOMCE, cuando al mismo tiempo implementa políticas y acciones restrictivas al ejercicio de dicho derecho, fomenta la exclusión de las familias en el vida de los centros e impide que los futuros docentes se formen de forma adecuada. ¿Es mucho pedir un poco de coherencia en la política educativa y en las prácticas de gestión de los centros?

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