Blog de Nacho Rivas

Por si le sirve a alguien

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Huelgas que educan y leyes que des-educan

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Hoy participamos de una nueva huelga general de enseñanza. Quizás, por el número de convocantes y organizaciones que se han sumado de una forma u otra, esta sea la más general de las huelgas que se han hecho de enseñanza. Como ya he repetido varias veces, una virtud de este ministro es concitar la unanimidad: la de todos en contra. Esto por sí mismo debería ser motivo para la retirada de la Ley y el inicio de un proceso de debate público, democrático y abierto para acordar un sistema de enseñanza que tenga ciertas garantías de estabilidad, que concite un acuerdo mayoritario y del que participen los directamente implicados en la educación (que es lo mismo que decir la sociedad entera).

Claro, que en el sistema democrático que tenemos no parece esto muy probable, ya que, por un lado, mientras un partido tenga mayoría absoluta y esto le otorgue la capacidad de obrar en solitario, seguirá haciendo política partidista, pero no política de estado ni política para la ciudadanía. Sin duda un acuerdo no es producto de mayorías, por muy amplias que sean estas mayorías. Sobre todo pensando que esta forma de hacer política no es otra que la “democracia de los borregos”. Esto es, lo que determinen los líderes del partidos, eso es lo que hay que votar sin que haya ningún grado de autonomía ni criterio propio. En este sentido los partidos políticos, en general, actúan a modo de rebaño. A mi modo de ver, ya de por sí este modo de proceder no resulta muy educativo para las generaciones más jóvenes, ya que les enseña que el criterio propio es penalizado, la discrepancia castigada y la diferencia es un delito. Si la educación es una responsabilidad colectivo, algo deberíamos pensar sobre esto.

Dos cuestiones quiero plantear como materia de reflexión en esta huelga. Una tiene que ver, justamente, con los procedimientos. La otra con el cambio de modelo profundo que significa esta ley.

En relación a los procedimientos, creo que debemos empezar a entender que un sistema educativo no es sólo un modo de regular la organización de la educación reglada. Un sistema educativo es, también, y fundamentalmente, el conjunto de procesos sociales, políticos y culturales que se ponen en juego en torno al mismo. Quiero decir: no es importante sólo qué hace el maestro o la maestra en su aula, con un currículum traducido en un libro de texto, dentro de un nivel educativo particular, que desarrolla un currículum más o menos común. Tan importante o más que esta practica reglada y regulada es el conjunto de procesos que se ponen en juego para que esto tenga efecto. En este sentido coincido con los pedagogos críticos cuando plantean que las políticas educativas son, esencialmente, políticas culturales. Y muchas cosas más.

La tramitación de esta ley y los modos que se han utilizado en su aprobación suponen, también, una educación. Está educando a nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas a través de las prácticas sociales, culturales y políticas que están manifestando. De entrada, tal como decía más arriba, nos están educando sobre un modo de entender la democracia donde las mayorías, aunque estén aisladas socialmente, tienen suficiente autoridad como para imponerse sobre el resto de la población. Nos está enseñando que el diálogo no es necesario, si contamos con el poder suficiente que nos otorga esta mayoría. Nos enseña que los argumentos no son necesarios si tengo los votos (nuestro ministro ha dado pruebas evidentes de esta forma de proceder). Y lo peor bajo mi punto de vista, nos enseña la impunidad con la que se puede actuar cuando uno ostenta el poder, de la forma que sea, así como la indefensión que tenemos como ciudadanos ante el juego malévolo de esta “democracia de los borregos”.

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Es difícil conjuntar la educación en valores que aparentemente todos propugnan para la educación, con unas prácticas políticas y culturales que están desarrollando otros bien contrarios. En este sentido es en el que digo que la política partidista maleduca; que las prácticas parlamentarias actuales y el juego de mayorías, maleduca. ¿No es posible que nuestros políticos, con el ministro a la cabeza, no se den cuenta, o no les interese considerarlo, que la infancia y la juventud está siendo participe también de este modo de ejercer su responsabilidad pública? Muchos tuvimos que luchar contra los remanentes autoritarios de una educación franquista. De hecho seguimos haciéndolo. Nuestros hijos e hijas tendrán que luchar también por quitarse de encima las lacras de una democracia autoritaria y de la mala educación que esta representa.

La segunda cuestión que me preocupa de forma fundamental, es el cambio de modelo de sistema educativo que se está poniendo en juego con esta ley. Más allá de reválidas, currículums, asignaturas, ratios, etc. lo más grave es que en esta ley, la educación deja de ser un derecho. Posiblemente esta no sea un planteamiento exclusivamente wertiano, y ahí está lo grave. Forma parte de una tendencia de los partidos mayoritarios y del giro que desde hace años viene experimentando el sistema educativo. La educación, y especialmente la educación pública, es un derecho conquistado históricamente en el proceso de lucha de clases que vivimos desde el origen de los tiempos. Lo que en los últimos decenios ha sido un acuerdo social sobre la base de la convivencia colectiva, esta ley elimina una de las bases de este acuerdo y reedita el triunfo de la posición elitista de la educación. La famosa “educación de príncipes” que caracterizó el modelo educativo absolutista.

545252_196595603851716_1590659399_nLa educación deja de ser un derecho para convertirse en un servicio que se oferta de acuerdo a los principios de competencia que caracterizan la economía de mercado. Por tanto ya no es un valor universal, sino una posibilidad para aquellos o aquellas que tengan los medios o la “capacidad” para hacer uso del mismo. Si bien, tal como está sobradamente demostrado en la sociología de la educación, medios y “capacidad académica” suelen ser la misma cosa. Con esta premisa todo lo demás está justificado; las reválidas, la segregación, la estandarización, la precarización de la enseñanza pública, la entrada a saco de holdings educativos privados, etc. etc. No es un cambio de lenguaje, es un cambio de modelo; la imposición de un modelo. Es instaurar la ley de la selva del mercado liberal en la educación. De nuevo, hay una malaeducación que se pone de manifiesto en este modelo. Hay enseñanzas muy concretas que aparecen y que atacan los fundamentos de la construcción moral y política de las generaciones más jóvenes.

Por eso hoy hago huelga. Una huelga que justamente nos enseña todo lo contrario de lo que hasta ahora hemos visto en el proceso de esta ley. No hago huelga porque piense que el sistema actual es bueno, sino porque creo que luchar por los derechos ciudadanos, por los derechos conquistados históricamente por conseguir que la equidad, la solidaridad, la justicia y la libertad de las clase menos favorecidas, es una forma de educar. Es una forma de enseñar a mis hijos, a mi alumnado, a la sociedad, que tenemos derecho a vivir en un sistema en que cada persona sea digno de ser educado, de ser parte activa de la construcción colectiva, sin importar cual sea su condición de origen, ni su raza, ni su religión, ni su sexo o condición sexual. Hago huelga porque creo que la participación colectiva, el derecho a opinar y que nuestra opinión se tenga en cuenta, es la forma de hacer política desde principios democráticos. Porque no creo que las mayorías sean portadoras de la verdad, sino que son (deben ser) instrumentos para la mejora colectiva y no un negocio privado.

Por todo ello hay que cambiar no solo la ley, sino la forma de hacer la ley. Porque la educación es una responsabilidad colectiva en la que todas y todos tenemos la obligación de participar.

NO A LA LOMCE, WERT DIMISIÓN

 

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Ministro, dimite… por traidor

Una demostración como la de hoy, con una gran mayoría de alumnado, profesorado y familias, creando una marea verde a favor de la educación pública es una prueba de que el ministro está solo en su intento de defenestrar la escuela pública. Bueno, salvo sus colegas peperos, aunque no creo que sean todos ni mucho menos. Wert debe dimitir. Creo que esa es la lectura necesaria y la premisa básica para empezar a recuperar algo de lo que está destruyendo. Y debe dimitir, en primer lugar, por traidor, ya que cuando un ministro olvido a quién sirve, traiciona a toda la ciudadanía:
– Ha traicionado a los docentes acusándoles de malos profesionales, vagos y casi que maleantes, olvidando que mejor o peor, pero estos mismos docentes son los que pasan al menos 5 horas diarias con nuestros hijos e hijas, los que pasan las tardes preparando las tareas o formándose en cursos, y los que han hecho posible que nuestra escuela pública haya sido un ejemplo de equidad, hasta ahora.
– Ha traicionado a las familias, también a las que le votaron (bueno, a él no le votó nadie, gracias a esta desafortunada parodia de democracia que vivimos). Familias, en especial las más débiles económicamente, que ven en la escuela la esperanza de futuro para sus hijos. Los otros, ya lo tienen garantizado.
– Ha traicionado a la sociedad, mintiendo acerca de los supuestos recortes que está haciendo, que no dejan de ser sino la manifestación de una ideología segregadora, clasista y elitista: la propia del colectivo que le defiende.
– Ha traicionado inventando informes que garantizan que con más ratio la calidad es mayor, que más horas de trabajo el profesorado rinde más, que con menos presupuesto el sistema gana. Ni un niño sería capaz de creer semejante falacia que insulta el sentido común, cuanto menos.
– Ha traicionado al alumnado más necesitado, aquel que nunca podrá acudir a los centros de excelencia por los que aboga, porque lo que sí dicen todos los informes es que sí existe una relación entre éxito académico y nivel socio-económico.
– Ha traicionado a los investigadores de este país obligados a buscarse la vida o en el extranjero o… trabajando en El Corte Inglés.
– Ha traicionado a la universidad pública, en la que no cree, generando las condiciones ideales para hundirla y permitir que la universidad privada la sustituya, tal como están insinuando, más o menos abiertamente.
– Ha traicionado a los jóvenes graduados, que han visto truncada su carrera docente
Podemos seguir añadiendo, pero por último, se ha traicionado a sí mismo creyéndose ministro y no siendo más una mala reencarnación de Atila, dispuesto a que no crezca la hierba (verde, por cierto) después de él.
Pero puede ser que la marea verde le pase por encima. O al menos, lo vamos a intentar.

Educación, pobreza, becas y participación

Casi todos los días nos desayunamos con nuevas acerca de las políticas que nuestro “querido” ministro de educación quiere implantar, en un proceso de vuelta atrás (en algunos casos muy atrás) que no sabemos a donde nos va a llevar. Ayer mismo nos amenaza con un cambio en las becas al estudio, primando más los resultados que las rentas. Recuerdo que cuando nuestro “querido” presidente, Rajoy fue ministro de educación en los tiempos de Aznar, estas becas ya se redujeron en un porcentaje importante. Parece que el mandato actual sigue por la misma línea. Hay algo de aberrante en este planteamiento: la relación entre rendimiento académico y pobreza está comprobada en todos los estudios nacionales e internacionales que se han hecho al respecto. Es decir, cuanto más pobre, menos posibilidades de éxito académico. Por tanto, si primamos los buenos expedientes, estamos abocando a los más necesitados, a quedarse fuera de las posibilidades de educación.
Sin duda la mentalidad del ministro aquí es muy clara: el éxito escolar es un problema individual. El que no estudia es porque no quiere, porque es un vago, porque no puede… Las condiciones de vida quedan ajenas, es una responsabilidad de cada uno. De aquí deriva el énfasis en el esfuerzo, por ejemplo. Pero por aquí no viene la solución. Toda política educativa que no tenga en cuenta las condiciones de su alumnado es un sistema segregador y excluyente. La escuela debe adaptarse a los alumnos, no los alumnos a la escuela. Un sistema educativo debería preocuparse justamente por aquellos para los que la escuela es más necesaria, si no queremos reproducir las situaciones de pobreza y de exclusión.
Una escuela que atienda a los que más lo necesitan supone también una escuela más participativa, con mayor implicación de las familias, del propio alumnado, del entorno social en el que la escuela se ubica, y por supuesto del profesorado. En este caso, un profesorado no entendido solo como profesionales (los que enseñan) sino como actores sociales que comparten con los otros colectivos un proyecto de participación, de cooperación y de cambio social. ¿Es pedir mucho a unos docentes que se han formado, en buena parte, bajo el supuesto de que la educación es el motor del cambio social? Esta idea forma parte del ideario educativo de los centros de formación, de los colectivos sociales y de las tradiciones de la escuela desde que se constituyó en sistema público y universal.
El ministro Wert parece no compartir mucho esta idea. En la ponencia que este señor tuvo en la escuela de la FAES de 2010 soltó esta perla hablando de la deriva “democrática” equivocada que ha erosionado las bases del sistema y ha pervertido su funcionamiento: (cito textualmente)

Concepto abusivo e invasivo de Comunidad Escolar. Idea de co-gobierno
(padres, alumnos, docentes, no docentes…). La Comunidad educativa no
puede ser una Comunidad democrática, porque el proceso educativo no es
democrático.

La ideología educativa del ministro está clara. Mientras, en los centros educativos los padres y madres luchamos por conseguir más espacios de participación que nos permitan formar parte del proceso educativo de nuestros hijos. Los niños y niñas, cuyos progenitores participan más en el colegio, se sienten más comprometidos con el estudio y con la actividad escolar. Esto es algo que los estudios también ponen de manifiesto. En este sentido en Andalucía tenemos una normativa que permite elegir delegados y delegadas de padres y madres por cada aula, que participen en el centro como un eslabón necesario para construir comunidad educativa. Hace unas semanas había convocada una reunión a nivel andaluz para poner en común “buenas prácticas” de participación de las familias. Tuvo que suspenderse, por falta de esas buenas prácticas. Los centros escolares no están facilitando precisamente que tal cosa ocurra. Con lo cual seguimos abocados a escuelas centradas en lo escolar exclusivamente entendido como rendimiento académico.
En un blog de un profesor norteamericano se nos planteaba lo siguiente: (http://huff.to/yY7gTe) Según una ley de Florida, las familias podían proponer el despido de los profesores que no alcanzaran los estandares de rendimiento establecidos para ese centro. Según esto no alcanzar estos estándares significa que el centro pierde prestigio y por tanto perjudica la imagen del centro y la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas, programas, etc. Evidentemente, la contra es que los profesores también puedan expulsar a aquellos alumnos que no permiten alcanzar dichos estándares. La lucha está servida. Al fin y al cabo, esto es un problema de mercado, podríamos decir. La escuela no es un bien público, sino que forma parte de la ley de la oferta y la demanda. Donde entran los pobres en este escenario? Si resulta que justamente ellos son los más perjudicados según lo que decía al principio, serán los primeros en ser expulsados. Y el profesorado estará más preocupado por no caer en el ranking, que por generar unas prácticas educativas relevantes y solidarias. La educación convertida en puro mercado. Por supuesto, según la opinión de Wert, la participación sería un obstáculo grave para mantener el ranking (que no es lo mismo que calidad, vamos a dejarlo claro).
No creo estar muy alejado de la verdad si digo que con estas políticas que se avecinan, la escuela española va a ser más injusta y más insolidaria. Eso sí, igual subimos en el ranking (que creo que tampoco) pero será a costa de muchos cadáveres educativos.

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