Derecho a la educación con dignidad

Recientemente el AMPA Esquilo 4 del cole de mis hijos ha iniciado una petición change.org, a la que invito a participar, en relación a los problemas con la plantilla del centro: Derecho a la educación con dignidad en una escuela inclusiva. La situación es muy simple: En educación infantil hay tantos docentes como aulas y al menos unos o dos alumnos con dictamen, que precisan de monitor, profesor de PT o de AL. Una de las tutoras es jefa de estudios por lo que las horas de dedicación a su cargo son suplidas por uno de estos docentes, algún otro de primaria que pueda quedar libre, la profe de inglés, etc. Por otro lado el monitor está de baja y viene un suplente diferente cada día, y la plaza de orientadora está vacante hace semanas. Cualquier eventualidad de las que surgen todos los días en los coles supone que hay profesorado que deja de cumplir otras funciones, o alumnado que se queda desprotegido. Especialmente esto ocurre así con el alumnado más vulnerable, precisamente el que necesita apoyo y para el que la escuela debería dar más respuesta. Curiosamente el sistema está montado para que estos sean los primeros que quedan desprotegidos.

No es un problema exclusivo de este colegio, sino que responde a una política de configuración de las plantillas docentes, ajustadas al mínimo para cubrir exclusivamente las horas docentes, como si estas fueran las únicas necesidades de un centro educativo. Uno de los problemas importantes de nuestro sistema, y el andaluz no es una excepción, es que priman los criterios administrativos y de gestión, antes que los educativos. Se establecen unas plantillas teóricas en función de un criterio puramente distributivo y gerencial y a partir de ahí se homogeiniza este criterio para todos los centros, independientemente de las condiciones de cada uno y de sus necesidades educativas particulares.

Son varios los problemas presentes en este escenario

1. Se mantiene como modelo educativo la organización de grupo-aula, que más que responder a un modelo pedagógico responde a un modelo económico y burocrático. Algunos autores han denominado a este modelo de «cartón de huevos», que no tiene mas función que distribuir al alumnado, pero que no tiene ninguna función educativa. Miento: sirve para controlar, segregar, clasificar, ordenar…
2. A esto hay que añadir un incremento de la ratio absolutamente incompatible con unas condiciones dignas para atender al alumnado. Especialmente cuando estamos hablando de una escuela inclusiva, en la que todas y todos los niños se deben educar en igualdad, garantizando unas condiciones que permitan su participación en el proceso educativo, de acuerdo a sus características. Si, desafortunadamente, el modelo grupo-aula está asentado, al menos dotemoslé de unas condiciones dignas para una educación de calidad (cualquier cosa que queramos definir como tal). 26 alumnos por aula (o más en algunos casos) es inadmisible bajo cualquier prisma, y una crisis económica no justifica este ataque a la educación. Más bien al contrario.
3. Las plantillas docentes deben permitir una organización flexible, abierta y colaborativa. No es posible hablar de cooperación, coordinación, etc. cuando cada docente trabaja «encerrado» en su aula o cuando su dedicación está vinculada a las horas de docencia. La necesidad educativa de un centro no se centra exclusivamente en «dar clase», sino en organizar, diseñar, coordinar, etc, las actividades docentes, en un régimen de colaboración. Esto significa plantillas más amplias, con una enseñanza más abierta a otros profesionales o colegas. Si miramos, tal como en teoría parecen hacerlo los documentos oficiales, a los sistemas educativos mejor valorados, veremos que los docentes presentes en un aula, rara vez es uno solo. Además del docente tiutular, están los auxiliares, los docentes en prácticas, profesores de apoyo, voluntarios, etc.
4. Por último, al menos a efectos de lo que ahora quiero presentar, parece no haber una idea clara de lo que los politicos y responsables educativos entienden por escuela inclusiva. Entiendo de acuerdo a los parámetros de lo que significa a nivel internacional la justicia social, que la principal atención debe estar focalizada sobre los colectivos o sujetos más vulnerables. En la escuela, estos son los niños y niñas que presentan peculiaridades de cualquier tipo: cognitivo, motriz, social, emocional, etc. Por tanto estos son los últimos a los que se debería privar de atención. Desafortunadamente el sistema parece funcionar al revés: se garantiza la atención de los que consideran «normales» ya que a nivel de estadísticas y rankings, son los que cuentan. Como tantas veces he dicho, el nivel educativo de un país se mide por el último de sus alumno. La excelencia, como parecen buscar los políticos, establece el nivel de la segregación, no del éxito.

Más allá de las cuestiones particulares de un colegio, la realidad es que estamos configurando un sistema educativo alejado de las necesidaes reales del alumnado y de sus familias. También del profesorado. El derecho a la educación, más allá de los números y las estadísticas, no consiste en garantizar un puesto escolar, un pupitre donde pasar el tiempo, sino en generar unas condiciones adecuadas y dignas que permitan que cada niño y cada niña, independientemente de sus características particulares (y todos somos particulares en algún sentido) puedan acceder a una educación en su sentido pleno; esto es, una educación que atienda a sus necesidades, no solo cognitivas, sino también afectivas, emocionales, expresivas, relacionales y culturales. De lo contrario estamos abocando el futuro a un escenario de fracaso en términos sociales, culturales y, sobre todo, de equidad.